¿De qué depende el costo del trabajo de los contadores?

En el ejercicio de sus funciones, el contador público es apto para realizar diversas tareas. No existen aranceles fijos dependen sobre todo de la complejidad de los trabajos que se deben llevar a cabo, la importancia del trabajo (intereses económicos o de otra índole), la urgencia del pedido, los costos propios de la tarea a realizar, el grado de experiencia del profesional y el nivel de especialización requerido. Habitualmente, se fija un presupuesto o una carta-cliente antes de comenzar cualquier trabajo. Dicho documento comprende: el esquema del trabajo, los honorarios convenidos, el tiempo estimado para la terminación. En cuanto a las aéreas de intervención, los contadores públicos asesoran sus clientes por ejemplo para la constitución y/o para la organización de sociedades, asesoramiento a particulares o empresas para elaborar u organizar sus respectivos estados contables.

Para la constitución de sociedades existen distintos tipos de tareas: asesoramiento, redacción de contrato; asistencia técnica en la inscripción y búsqueda de información.

Para la organización de sociedades, la intervención del Contador Público es variada:

  • Liquidación de sociedades: informes precalificatorios, asistencia en la inscripción
  • Disolución de sociedades: asesora asesoramiento y asistencia en la inscripción del liquidador
  • Aumento o reducción del capital social,
  • escisión y fusión de sociedades: asesoramiento en la confección de actas e informes sobre balances y sobre el inventario de bienes, informe sobre balances especiales, informes precalifactorios sobre el inventario de bienes

Para la auditoria de los estados contables, algunos de los siguientes criterios son evaluados:

  • Riesgo de auditoría: cantidad y tipo de procedimientos para minimizar el riesgo.
  • La responsabilidad en la distribución y la difusión del informe del auditor; público y organismos de control
  • Tamaño y complejidad de las operaciones y de los sistemas de información utilizados
  • La necesidad de apelar a otros especialistas en temas legales, de sistemas o de recuperabilidad de activos.
  • La existencia de estado contables consolidados.